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Monterrey N.L.

(Re)centralizando a México

Desde finales de los ochenta, el concepto de “descentralización” llegó a América Latina como figura mesiánica o panacea para resolver los vicios heredados de tantos gobiernos autoritarios que habían prevalecido en la región. Gradualmente, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial (que de pronto se habían convertido en moldeadores de políticas gubernamentales en países latinos) enfatizaron la necesidad de implementar medidas descentralizadoras en los gobiernos como herramienta para acercar el gobierno a la gente. Con este acercamiento, se favorecería supuestamente la transparencia, la rendición de cuentas y, en general, los métodos democráticos de los gobiernos.

Después de varias décadas, los resultados de este proceso descentralizador han sido, no obstante, poco satisfactorios. En el inicio de este siglo, la tendencia descentralizadora de los gobiernos latinos –es decir, la devolución de atribuciones políticas, fiscales y administrativas de gobiernos centrales a gobiernos locales– fue considerada como una de las causas de la inestabilidad macroecónomica que llevó a muchos países latinos hacia crisis financieras. De igual manera, la deficiente proveeduría de servicios a nivel local y el mal uso de recursos públicos generó insatisfacción entre la ciudadanía. No fue motivo de sorpresa entonces que una tendencia contraria comenzara a fraguarse en la región: la recentralización de atribuciones. En países como Brasil, Argentina, Venezuela y Colombia, se pavimentó el camino a Presidentes para que llevaran a cabo dicha recentralización.

En México, tras medidas descentralizadoras, las circunstancias macroeconómicas se han mantenido sólidas, pero los servicios públicos a nivel local han sido cuestionados ampliamente. En temas educativos, los sindicatos educativos con gran arraigo en instituciones locales fueron estigmatizados recientemente por alarmantes casos de corrupción, resultando en la prosecución de Elba Esther. En servicios de limpieza, municipios fracasaron en cumplir sus contratos o en llevar a cabo licitaciones transparentes –como el caso de PASA y el municipio de Monterrey. Y en temas de seguridad, muchos municipios se han visto rebasados por actos de corrupción o filtración del crimen organizado.

Es este último aspecto el que ha acaparado los reflectores después de la tragedia de Ayotzinapa. Atribuyendo las principales deficiencias en seguridad a los actores municipales, Peña Nieto se ha dedicado últimamente a reforzar la centralización de atribuciones en materia de seguridad no sólo con el repasado mando único estatal, sino con su gendarmería nacional y con el mismo uso de militares en atribuciones policíacas –al estilo de Felipe Calderón. En Nuevo León, nuestro Congreso ya hizo frente a esta iniciativa de mando único estatal alegando violaciones constitucionales y generalizaciones (de ineficiencia) que no aplican en nuestros municipios.

Será interesante entonces darle seguimiento a estas medidas de la presente administración. Tal parece que México se está sumando poco a poco a esa tendencia recentralizadora de América Latina con instituciones como el INE, IFETEL o la gendarmería nacional. Será más interesante evaluar, finalmente, si estas medidas son o no la vía apropiada para fortalecer nuestras instituciones democráticas y gubernamentales.



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